Un fallo judicial que obliga a una EPS a suministrar dos muñecas sexuales como parte del tratamiento de un paciente desata controversia en el sistema de salud colombiano.
Un hecho insólito ha sacudido al sistema de salud en Colombia: una EPS fue obligada por un juez a entregar dos muñecas sexuales inflables a un afiliado que alegó sufrir problemas de autoestima y afectaciones emocionales. La decisión, tomada en Bucaramanga, ha generado fuerte polémica en la opinión pública y en el sector salud.
La acción judicial fue presentada por el ciudadano mediante una tutela, argumentando la vulneración de su derecho a la salud mental. El juez, tras estudiar el caso, falló a favor del demandante, ordenando que como parte de su tratamiento psicológico, la EPS debía adquirir los juguetes sexuales solicitados.
El director de la clínica San Luis en Bucaramanga, Sergio Prada, expresó su preocupación por la sentencia. En declaraciones a RCN Radio, afirmó que este tipo de decisiones judiciales “ponen en jaque” a un sistema de salud que ya enfrenta múltiples crisis.
“No entendemos cómo un juez ordena esto cuando hay derechos fundamentales prioritarios que aún no se garantizan”, declaró Prada, quien también denunció que el sistema ha perdido miles de millones por deudas generadas por EPS liquidadas como Comparta, Medimás y Coomeva.
La directiva de la EPS involucrada, aunque manifestó su inconformidad, confirmó que cumplirá el fallo, tal como lo exige la ley. No obstante, advirtió que este tipo de decisiones representan un precedente preocupante que podría debilitar aún más la estabilidad financiera de las entidades prestadoras de salud.
Por motivos de privacidad, no se ha revelado la identidad del beneficiario ni los detalles específicos del diagnóstico médico. El caso, sin embargo, ha desatado un debate nacional sobre los límites del derecho a la salud, el uso de la tutela como mecanismo de exigencia, y el papel de los jueces frente a tratamientos poco convencionales.
El caso ha sido catalogado por muchos como “una muestra del absurdo colombiano” y ha despertado reacciones divididas: mientras algunos defienden el fallo como una garantía de derechos, otros lo consideran un abuso que trivializa los recursos del sistema público de salud.
