La iniciativa del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular sufrió un revés judicial. El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del decreto que habilitaba este mecanismo de participación ciudadana, al considerar que fue expedido sin cumplir requisitos constitucionales esenciales.
La decisión responde a una demanda de nulidad electoral interpuesta por un grupo de doce congresistas, entre ellos figuras destacadas como el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y los senadores Nadia Blel, Carlos Motoa y Lorena Ríos. La acción judicial también incluyó una solicitud de medida cautelar, la cual fue aceptada por el alto tribunal.
El Decreto 0639, firmado por el mandatario y todos los ministros, fue calificado por el Consejo de Estado como un acto electoral que debía ser tramitado con el aval previo del Senado de la República. Según la providencia, dicho requisito —establecido en el artículo 104 de la Constitución Política— no fue cumplido.
“Para convocar al pueblo a decidir sobre asuntos de trascendencia nacional, es indispensable contar con el concepto favorable del Senado. En este caso, ese respaldo no existió”, afirmó el tribunal en su decisión.
La Sección Quinta del Consejo, especializada en asuntos electorales, fue la encargada de emitir la suspensión, apoyándose también en lo dispuesto por las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, que regulan los mecanismos de participación ciudadana.
La medida implica que el proceso de consulta queda detenido de forma temporal, mientras se adelanta el estudio de fondo sobre la legalidad del decreto. Aunque el Gobierno aún no se ha pronunciado oficialmente, sectores cercanos al Ejecutivo han expresado su desacuerdo, calificando la decisión como un obstáculo al derecho ciudadano de participar en las grandes decisiones nacionales.
Este nuevo episodio refleja las crecientes tensiones entre las ramas del poder público, particularmente en torno al uso de mecanismos de participación directa. Para muchos analistas, la decisión también abre un debate más amplio sobre el papel del Congreso en iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo.
