Un fallo de tutela que exigía la reubicación de una docente fue ignorado por la administración departamental, según el Juzgado de Chaparral.
El Juzgado Segundo Penal de Conocimiento de Chaparral impuso una orden de arresto por dos días contra la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, y el secretario de Educación, Andrés Felipe Bedoya, por desacato a un fallo de tutela que protegía los derechos de una docente.
La medida judicial surge luego de que la administración departamental no cumpliera, en los tiempos establecidos, con una orden de reubicación de la profesora Diana Magaly Muñiz, quien labora en la zona rural de Chaparral, en el marco del programa PDET. La docente solicitó su traslado al casco urbano para poder garantizar el derecho a la salud y educación de sus hijas menores.
El juzgado consideró que el incumplimiento del fallo vulneraba derechos fundamentales y sancionó a los funcionarios con arresto y una multa de dos salarios mínimos mensuales. La decisión se suma a otros casos recientes de desacato que involucran a mandatarios locales, como el del alcalde de Riohacha.
Gobierno departamental anuncia cumplimiento del fallo
Tras la notificación pública, la Gobernación del Tolima emitió un comunicado en el que aseguró que acatará la orden judicial. El secretario de Educación explicó que ya se había iniciado un proceso de acercamiento de la docente a una sede educativa más cercana al área urbana, aunque cuestionó el fallo por considerar que se estaba cumpliendo con el objetivo de la tutela.
Muñiz fue nombrada tras un concurso PDET, que exige mínimo diez años de permanencia en zonas rurales. No obstante, la justicia falló a su favor al priorizar los derechos de los menores a la salud y la educación por encima de las condiciones del nombramiento.
Discusión abierta sobre el futuro de los PDET
El caso ha generado debate entre sindicatos, autoridades y analistas jurídicos sobre las implicaciones de este tipo de excepciones dentro del marco de los programas PDET. El Sindicato de Maestros del Tolima (SUTET SIMATOL) celebró la decisión y llamó a humanizar la gestión educativa en territorios rurales.
Aunque la Gobernación se comprometió a cumplir con el traslado, advirtió que este tipo de decisiones podría sentar un precedente que afecte la operatividad de un programa pensado para llevar educación a regiones históricamente desatendidas.
