La acción de tutela presentada por el alcalde electo de Coyaima, Oswaldo Mauricio Alape, intenta frenar las elecciones atípicas del 18 de mayo y recuperar su investidura, siguiendo un camino similar al del alcalde de Prado, quien logró revertir la nulidad de su elección.
La política tolimense vuelve a girar en torno a una tutela. Oswaldo Mauricio Alape, quien resultó electo alcalde de Coyaima en octubre de 2023, ha acudido al Consejo de Estado con una acción judicial que busca frenar el proceso electoral convocado para reemplazarlo. Su estrategia recuerda el caso reciente del alcalde de Prado, José Jadel Flórez Serrato, quien mediante una tutela logró mantenerse en el cargo tras un proceso similar.
La acción fue interpuesta esta semana y pretende suspender las elecciones atípicas programadas para el 18 de mayo, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Alape por presunta doble militancia. La decisión se basó en que el mandatario no habría cumplido con los tiempos legales de renuncia al Partido Liberal antes de recibir el aval del Partido Conservador.
No obstante, Alape ahora argumenta que sus derechos fundamentales, como el de elegir y ser elegido, han sido vulnerados. Su defensa sostiene que el fallo que lo apartó del cargo desconoce principios constitucionales y pide su restitución inmediata. El caso quedó en manos del magistrado Milton Chaves García, quien deberá decidir si admite la tutela y le da efecto suspensivo al proceso electoral.
Mientras tanto, la incertidumbre domina el ambiente político en Coyaima. Candidatos como Luis Orlando Ortiz, ‘Pirinolo’ (Partido Liberal), y Carlos Andrés Tovar Otavo (Partido Conservador), ya habían avanzado en sus campañas, ajustándose al calendario electoral. Sin embargo, si el Consejo de Estado suspende los comicios, sus aspiraciones quedarán en pausa y Alape podría regresar al despacho hasta 2027.
El precedente de Prado pesa con fuerza. Allí, una tutela interrumpió la ejecución de un fallo de nulidad similar, permitiendo que el alcalde José Jadel Flórez terminara su mandato. Para algunos, esto representa una “puerta trasera” legal que pone en jaque el sistema electoral; para otros, una garantía constitucional frente a decisiones judiciales que podrían tener vicios o afectar la voluntad popular.
En Coyaima, el reloj corre y el Consejo de Estado tiene la última palabra. Lo que está en juego no es solo una alcaldía, sino la estabilidad institucional de un municipio que aún no sabe si debe ir a las urnas o esperar un regreso sorpresivo al poder.
