Una nueva tormenta política y jurídica se desató tras las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien afirmó que “la patria potestad de los hijos está a nombre del Estado” en el contexto del plan nacional de vacunación.
El ministro aseguró que los padres no pueden negarse a vacunar a sus hijos menores de edad, y que, en caso de negativa, debe intervenir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para garantizar que el menor reciba el biológico. “Todo niño o niña menor de 18 años está bajo la patria potestad del Estado en estos temas”, declaró Jaramillo, justificando la intervención estatal incluso por encima de la voluntad de los padres.
Sin embargo, juristas, académicos y defensores de la familia han alzado la voz, recordando que la patria potestad está consagrada como un derecho y deber exclusivo de los padres, de acuerdo con el Código Civil Colombiano. La intervención del Estado sólo se justifica en casos excepcionales de negligencia o riesgo evidente para el menor, y no puede asumirse como regla general.
“Decir que la patria potestad es del Estado es no solo impreciso, sino alarmante. Eso equivale a decir que los padres pierden su autoridad sobre sus hijos por no seguir ciegamente una orden gubernamental. Es una visión autoritaria y peligrosa”, señaló la abogada constitucionalista Claudia Ríos.
El artículo 288 del Código Civil establece con claridad que los padres tienen la patria potestad sobre sus hijos menores, y el Estado únicamente puede intervenir si un juez o autoridad competente determina que los derechos del menor están siendo vulnerados. No vacunarlo, por sí solo, no constituye automáticamente una causal de pérdida de ese derecho.
Las declaraciones de Jaramillo no solo han sido cuestionadas legalmente, sino que han encendido el debate en redes sociales, donde cientos de ciudadanos manifiestan preocupación por lo que consideran una extralimitación del poder del Estado en la vida familiar.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud insiste en que las medidas buscan proteger el derecho a la salud de los menores, en línea con los principios del interés superior del niño. Pero para muchos, la tensión entre salud pública y derechos parentales ha quedado expuesta, y exige un debate más profundo, legal y ético.
