Con el respaldo de distintas bancadas y tras varias sesiones aplazadas, el Senado dio luz verde en primer debate al proyecto que propone la reducción del salario de congresistas, una iniciativa que durante años ha sido exigida desde distintos sectores sociales y que hoy empieza a tomar forma.
El proyecto, impulsado por el Pacto Histórico y liderado por los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro, logró superar el primer obstáculo legislativo en la Comisión Primera del Senado, aunque todavía le restan siete debates para convertirse en una reforma constitucional. Aun así, este avance representa una señal política clara: hay voluntad de abordar uno de los temas más sensibles frente a la ciudadanía.
Pizarro, visiblemente satisfecha, recalcó la urgencia de avanzar en los debates antes del mes de junio, plazo límite para cumplir con los tres primeros trámites necesarios. “No es solo un gesto simbólico, es una medida estructural que puede marcar un nuevo camino en la función pública”, expresó la senadora.
Uno de los puntos que más llamó la atención durante la discusión fue la propuesta de ampliar la medida a otros altos funcionarios del Estado. La iniciativa, respaldada por senadores como Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) y Paloma Valencia (Centro Democrático), busca que la reducción salarial no se limite únicamente a senadores y representantes, sino que también cobije a magistrados, al presidente de la República, a la fiscal general y a directivos de empresas estatales mixtas.
Motoa destacó que esta ampliación busca no solo generar un mayor ahorro para el Estado, sino también cerrar brechas salariales entre quienes ostentan cargos de poder y los servidores públicos de base. “No se trata de castigar, sino de poner en equilibrio las finanzas y dar ejemplo”, subrayó.
La adhesión de Paloma Valencia al proyecto fue sorpresiva para algunos, luego de que inicialmente cuestionara la iniciativa como una posible represalia del Ejecutivo contra el Legislativo. Sin embargo, la senadora reconsideró su postura, apoyando finalmente el avance de la propuesta bajo el principio de coherencia con la realidad económica del país.
Aunque el camino es largo y aún incierto, este primer paso ha sido interpretado como un mensaje de sensibilidad política y de conexión con las demandas ciudadanas. El Congreso, habitualmente criticado por sus privilegios, tiene ahora la oportunidad de materializar una transformación que podría marcar un antes y un después en la percepción de la política nacional.
