Una mujer identificada como Diana Marcela Guerra ha expresado su desacuerdo con la respuesta ofrecida por la plataforma Nequi, luego de que su cuenta fuera debitada con $1.500.000 de un cajero automático el pasado 5 de enero. Según Nequi, el retiro se realizó en un cajero diferente al que la mujer estaba utilizando, y alegaron que podría haber sido víctima de un robo de información personal por parte de un tercero que observó su número de celular.
Sin embargo, Guerra cuestionó la explicación brindada por Nequi, calificándola como “completamente falsa”. La mujer subrayó que no hay evidencia alguna, como grabaciones de cámaras de seguridad o movimientos verificables en el cajero, que respalden la afirmación de la entidad sobre la ubicación del retiro, específicamente en el cajero número 8233. Según la información proporcionada por Nequi, este cajero se encuentra en el centro comercial Mercacentro, en la Avenida Guabinal Con 51, a gran distancia de la ubicación en la que Guerra estaba presente cuando intentó hacer el retiro.
A pesar de la respuesta de Nequi, la mujer insistió en que la situación carece de justificación y acusó a la entidad de querer “hurtar el dinero de manera arbitraria”. Ante la falta de pruebas y la percepción de que sus derechos fueron vulnerados, Guerra tomó la decisión de recurrir al sistema judicial. “El día de ayer un abogado me hizo el favor de poner una acción de tutela con medida provisional de embargo, dado el perjuicio y daño irreparable que me están causando”, indicó.
La mujer también expresó su preocupación por lo que considera una falta de transparencia y seguridad por parte de la plataforma. Señaló que no solo es un perjuicio personal, sino una situación que podría afectar a más personas si no se toman medidas para asegurar la integridad de las transacciones.
Con la acción legal en marcha, Guerra continúa luchando por la devolución de su dinero, ya que considera que no es justo ni razonable que una entidad financiera no asuma la responsabilidad por un error que, según ella, afecta su bienestar económico de manera significativa. En su denuncia, también hizo un llamado a las autoridades para que se investigue a fondo la gestión de las plataformas financieras y su responsabilidad en la protección de los usuarios.
Este caso pone en evidencia los riesgos asociados a las transacciones digitales y la importancia de que las empresas de servicios financieros aseguren mecanismos de protección transparentes y efectivos para sus clientes.