En un entorno de desafíos fiscales complejos, la Contraloría General de la República emitió un llamado al Gobierno nacional para intensificar sus esfuerzos en la gestión eficiente de los recursos públicos.
Esta petición surge tras el rechazo de la reforma tributaria en el Congreso, lo que ha dejado al país con niveles de ejecución presupuestal notablemente bajos, los más reducidos en cinco años, según datos revelados por el ente de control con corte a noviembre de 2024.
La situación fiscal del país se ha visto agravada por un déficit en el recaudo tributario. Hasta noviembre de 2024, se recaudaron $369,74 billones, de los cuales $227,41 billones provienen de impuestos, cifra que queda por debajo de la meta anual de $315,86 billones. Este déficit representa una caída nominal del 9,3% en comparación con el mismo mes del año anterior, 2023.
La ejecución del Presupuesto General de la Nación para 2024 también refleja una baja utilización de los recursos, a pesar de que existen apropiaciones bloqueadas por $36 billones.
Por ese motivo, la Contraloría recomendó al Gobierno evitar el uso excesivo de mecanismos como los convenios interadministrativos, la generación de reservas presupuestales y las fiducias, que podrían complicar aún más la situación fiscal.
Desde el inicio del año, la programación y ejecución del presupuesto han enfrentado múltiples desafíos, comenzando con la expedición del decreto de liquidación del presupuesto sin cumplir con los requisitos legales. Esto llevó a una serie de necesidades urgentes de financiamiento que resultaron en el congelamiento de recursos significativos.
La Contraloría también resaltó la importancia de una ejecución eficiente del presupuesto público como un motor para fortalecer la economía y generar beneficios tangibles para la sociedad.
Ante la falta de aprobación de la reforma tributaria, el organismo de control instó al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para asegurar un uso efectivo de los recursos asignados y enfrentar los desafíos fiscales actuales.
Así mismo, la Contraloría General de la República indicó que se registraron órdenes de pago por un valor de 24 billones de pesos destinadas a fiducias y otras figuras fiduciarias, lo que duplica el monto que se pretendía recaudar con la reforma tributaria.
Entre tanto, el ente de control le recomendó al Gobierno nacional que, al cierre del 2024, se ejecute el presupuesto de manera eficiente, basándose en la capacidad de las unidades ejecutoras para adquirir bienes y servicios.
La Contraloría señaló que el uso de fiducias refleja una tendencia a mostrar una ejecución presupuestal que no se traduce en acciones concretas. Este mecanismo, según el organismo, requiere un uso transparente y eficiente para asegurar el cumplimiento de los objetivos públicos.
